El calvario que viven muchos inmigrantes por la crisis va más allá de perder el puesto de trabajo. A la incertidumbre laboral e inestabilidad económica se suma un escollo legal que cada vez es más difícil superar: no poder renovar la tarjeta de residencia.
Es el caso de Washington, guayaquileño de 30 años que hace nueve emigró dejando en Ecuador a sus padres y hermanos. Todo iba bien hasta que en julio del año pasado lo despidieron de la construcción. Un mes antes había introducido los requisitos para la tarjeta permanente pero cuando le tocó ingresar la tasa de 22.40 euros no tenía liquidez. “No pude pagar porque estaba en paro y me despisté. Pensé que no pasaría nada al no ser una cantidad importante, pero desde el último año están denegando las renovaciones a todo el mundo”, lamenta.
Desde entonces ha realizado dos apelaciones y un recurso contencioso administrativo. “Tuve un primer abogado que no era experto en extranjería y realizó mal el primer recurso. Es importante que la gente se asesore bien”, recomienda.
Si la respuesta del contencioso también es negativa al tener tantos años en España podría solicitar el arraigo social pero para eso también necesitará un contrato de trabajo, advierte su actual abogado Jorge Hernández, del despacho García Zabas. Pero Washington no tiene mucho ánimo para continuar en España como ilegal. “Ahora me busco la vida en la tienda de un amigo un par de días a la semana, pero si no recupero mi tarjeta prefiero regresar. Si es difícil conseguir trabajo con papeles, no teniéndolo será crítico”, admite.
Historias como ésta se repiten en cualquier ciudad española porque de los 4.269.360 parados registrados en abril, el 15% son inmigrantes. La crisis les ha dejado en una situación delicada.
“Eso sucede por la combinación de tres factores. Primero, el número de desempleados que hay; segundo ,la duración del paro, cuando están mucho tiempo empieza a correr peligro su situación legal y podría ocurrir la irregularidad sobrevenida; y, tercero, son los sujetos más frágiles en términos institucionales”, explica el sociólogo de la Univer-sidad Complutense y ex presidente del Foro Social para la Integración de Inmigrantes, Lorenzo Cachón.
El Gobierno habla de irregularidad sobrevenida por causas burocráticas, motivada por la lentitud de las Comunidades Autóno-mas, pero le cuesta admitir que exista un número de personas en esa irregularidad como consecuencia de la falta de empleo.
Muchos son los inmigrantes que han perdido la tarjeta de residencia al no poder renovarla, porque no reunían las condiciones que exigen desde la Administración
“La única renovación en la que se exige la permanencia y vigencia de un contrato es la inicial. A partir de la segunda autorización no es necesario acreditar vigencia del contrato. Lo hemos estudiado y no nos aparece esa cantidad de gente que dicen está en irregularidad sobrevenida”, afirmaba recientemente la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón.
Una versión desmentida por las asociaciones que evidencian cada día más casos en sus consultas jurídicas. “Eso no es así. Quizás se refiera a quienes solicitan o renuevan la tarjeta de larga duración, para esa no es relevante el tiempo cotizado sino acreditar cinco años de residencia legal y continuada”, matiza el abogado en Aesco y Comrade, Claudio Lobos.
La asociación Karibú, amigos del pueblo africano, conoce de primera mano las denegaciones de renovación y también de solicitudes de arraigo. “Cada vez son más las personas a las que le responden que no reúnen las condiciones porque no cotizaron suficiente, no tienen un contrato o presentan uno que incumple los requisitos. La mayoría se está negando porque el empleador tiene deudas, pero ¿qué empresa no tiene hoy un problema con la Administración o la Agencia Tributaria?”, reflexiona su director, el padre Antonio Díaz.
Es la pescadilla que se muerde la cola. Con la crisis no hay trabajo; sin trabajo no hay contrato; sin contrato no hay cotización a la Seguri-dad Social; y sin esa cotización parece inviable la renovación.
“Lo más importante es que se haya cotizado suficiente, eso lo tienen muy en cuenta. Mínimo son seis meses por año y, en algunos casos, admiten tres meses si se perdió el trabajo por causas ajenas a su voluntad, siempre que acredite un nuevo contrato al momento de la renovación”, puntualiza el abogado de Comrade.
Eso fue lo que le ocurrió a Carmen, una dominicana a la que en 2010 le denegaron la primera renovación por que había cotizado poco más de tres meses y no tenía empleo. Acudió a esta ONG al ver que le rechazaron el primer recurso que introdujo un abogado privado. “Lo hizo mal, puso que llegué por reagrupación cuando vine con un contrato. Un amigo me dijo que pidiera ayuda a Comrade, me recurrieron por segunda vez porque ahora tengo contrato indefinido y cotizo. Según mi vida laboral tengo 1 año, 9 meses y 23 días”, explica.
Carmen no entiende por qué la Administración no le da respuesta y le obliga a estar en situación irregular: “Me siento mal porque después de llegar con papeles ahora estoy ilegal. La policía me ha cogido dos veces y, en la última, me quitó la tarjeta al estar vencida”.
En ese limbo legal también quedan los que fueron reagrupados si el familiar que los trajo no logra renovar su documentación. “Nos llegan casos de personas que reagruparon a su esposa e hijos y que a la hora de renovar, como no existen medios de vida, les rechazan los permisos”, alerta Suniva Martínez, de Cear-Euskadi.
INVISIBLES.- La experiencia de las asociaciones evidencian que serían muchos los inmigrantes no comunitarios que caen en la irregularidad sobrevenida. No obstante, es difícil cuantificarlos porque no se conoce ningún registro oficial.
La única entidad que ha puesto cifras hasta la fecha ha sido Cáritas España que el año pasado atendió a 150.000 personas que quedaron sin documentación por la situación económica y laboral del país. Una cifra que engloba únicamente a los inmigrantes que acudieron a sus sedes pero que permite estimar la gravedad de la situación. “Nos preocupa sobremanera porque se quedan sin acceso a derechos sociales”, afirma el miembro del equipo de Empleo e Inmigraciones de esa organización, Sergio Barciela.
Y alerta que el porcentaje de irregulares seguirá incrementándose porque a los que pierden la tarjeta se suman los que estaban en situación irregular y podían regularizarse por arraigo social. “Deben estar tres años y una serie de requisitos, pero a la hora de renovar igual deben garantizar un trabajo y, en el contexto de crisis actual, no es posible”, dice.
Este conjunto de circunstancias podría explicar el descenso de 43.505 tarjetas de residencia en la Comunidad de Madrid, entre 2009-2010. Fuentes de inmigración de la región no se explican por qué esa cifra no se corresponde con la disminución de población extranjera (15.521 personas) y sospechan que allí podrían estar los afectados por la irregularidad sobrevenida. Una versión que rechaza el Ejecutivo.
“Eso es un uso espurio del padrón más cuando no existe incentivo para darse de baja porque, entre otras cosas, la financiación de los Ayuntamientos se establece en función del padrón. Además, tenemos constancia que personas que regresaron con el Retorno Voluntario aún siguen empadronados”, respondía la Secretaria de Estado, Anna Terrón.
En lo que no existe confusión es que las personas que pierden la legalidad son empujadas a aceptar condiciones laborales precarias. Cear-Euskadi no lo duda, “les están llevando a la economía sumergida”. Eso podría explicar el incremento de remesas familiares en el último año. “Puede significar dos cosas, que los inmigrantes que trabajan cobran un sueldo mayor o, y creo que es lo que sucede, que son más los que se ven obligados a la economía sumergida”, plantea Barciela.
REFORMA.- Aunque el nuevo Reglamento de Extranjería, que entra en vigencia el 1 de julio, introduce aspectos positivos no contempla nada concreto sobre la irregularidad sobrevenida. “No encuentro ningún beneficio al que los inmigrantes puedan acogerse; aunque hay que reconocer que, hasta cierto punto la Administra-ción está teniendo en cuenta la situación nacional de empleo”, afirma el abogado Claudio Lobos.
Se refiere a la posibilidad de que los inmigrantes inscritos en las Oficinas de Empleo, que cobren prestaciones sociales y estén buscando activamente trabajo sí puedan renovar su documentación. Un primer paso que algunos califican de insuficiente por el contexto económico y laboral actual.
La Red Solidaria Barcelona prefiere esperar que entre en vigor el reglamento para comprobar la realidad práctica de las medidas. Una de sus abogadas, Aitana Fernández, dice que hay nuevos criterios que permiten subsanar la ausencia de algún requisito necesario para las renovaciones “como la búsqueda de empleo, el esfuerzo de integración o los medios económicos de un familiar”.
Otro aspecto que habría mejorado se refiere al arraigo social, la última opción para algunos en situación irregular. “Se mantiene estar tres años aquí pero ahora se puede presentar dos contratos a tiempo parcial en vez de uno de ocho horas por año, como se exigía anteriormente. En este sentido son más flexibles porque están viendo que hay problemas con la contratación”, apunta Jorge Hernández, del despacho privado.
Lo importante en cualquier caso es que los trámites se realicen con suficiente antelación, respetando los plazos, y de la mano de un abogado experto en extranjería. Antes del vencimiento de la tarjeta existe un tiempo de tres meses para pedir la renovación, si se deniega, la única solución que queda es recurrir todo lo que permita la ley para evitar la irregularidad sobrevenida.
“Al rechazarla empieza un nuevo plazo, entre quince días y un mes. Luego de recurrir, la Administración tiene tres meses para pronunciarse pero si no lo hace en ese tiempo está obligada a admitir la solicitud por silencio administrativo positivo”, explica Hernández.
Quienes lograron reagrupar a su familia, ahora ven cómo deniegan la renovación por no tener medios de vida. Hay que agotar todos los recursos para evitar que más personas caigan en situación de irregularidad.
Ese es un recurso al que los abogados están recurriendo cada vez más, cuando la lentitud administrativa lo permite. Así lo hizo la defensa de Jennifer, una joven ecuatoriana que al momento de renovar su tarjeta estaba en paro y había agotado la prestación. “Llevé mis papeles al Registro pero no tenía respuesta y unos amigos dijeron que las estaban denegando a todos los que no tuvieran contrato en ese momento. Hice un esfuerzo y le pagué 200 euros a un abogado para que me ayudara”, recuerda. Éste exigió el silencio administrativo positivo, evitando su ilegalidad.
Quien no pueda apelar a esa vía tendrá que agotar los recursos, rezar para no ser detenido ni expulsado, o lograr un contrato que según la Administración sirva para el arraigo social. Ante este escenario Cáritas es pesimista: “Si no se produce una reactivación que propicie la contratación, la irregularidad sobrevenida continuará”.
AYUDAS PRÁCTICAS
>> Fedelatina a través de la Red Solidaria Barcelona ofrece asesoría jurídica gratuita previa cita. Más información: Tel. 653/826872.
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www.redsolidariabarcelona.org/
>> CEAR-Euskadi da atención en materia de extranjería en el Ayuntamiento de Vitoria. Puede solicitar más detalle sobre documentación y asilo en Tel. 94/4248844.
>> COMRADE (Comité de Defensa de los Refugiados, Asilados e Inmigrantes en el Estado Español) también dispone de consultoría jurídica para extranjeros. Tel. 91/4464608. www.comrade.es
>> AESCO cuenta con un grupo de asesores legales de forma gratuita a través de cita previa. Más información: Tel. 91/4775831.
www.ong-aesco.org.
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