Revista Toumaï

Toumaï llega a su centenar de ediciones: historias, crónicas, reportajes, perfiles, entrevistas, actualidad y un sin número de experiencias que han dejado su huella en cada página. Para conmemorarlo, nos hemos propuesto hacer un alto en el camino y recordar, junto a nuestros lectores, los eventos más significativos desde la publicación del primer número. ¿Cómo? De la mejor manera: repasando, paso por paso, la evolución de la inmigración en España durante los últimos nueve años. Una historia que engloba otras seis millones de historias bajo un mismo lema: igualdad y esperanza

Cien años no los cumple todo el mundo. Y cien ediciones, tampoco. Toumaï llega este diciembre al centenar de números y quiere celebrarlo con todos sus lectores. Para ello ha querido hacer un alto en el camino, echar la vista atrás por un momento y tratar de ver, paso por paso, la evolución de la inmigración en España durante los últimos nueve años, desde que empezara a circular su primera portada, en febrero de 2003. Reformas, leyes, regularizaciones y un sin número de hechos han marcado casi una década en la que el país, tras el desencadenamiento de la crisis económica, ha invertido su papel en el mapa migratorio actual: de las puertas abiertas a la rigidez legal, de las nuevas oportunidades al escepticismo laboral, de la esperanza al desencanto generalizado.

BIENVENIDOS-. El año 2003 no fue especialmente neurálgico dentro del ciclo migratorio en España. Ratificó, simplemente, la tendencia que se presentaba desde finales de la década de los 90, cuando muchos extranjeros, especialmente de Latinoamérica, Marruecos y Europa del Este, llegaron al país atraídos por la bonanza económica y las nuevas oportunidades laborales que ofrecían sectores a los que habían renunciado voluntariamente los españoles. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), para esa época ya se registraban 2.664.168 ciudadanos foráneos, cifra que venía acompañada de proyecciones de crecimiento para el resto de la década.

Y así sucedió. Aunque basada en la especulación y en un modelo que tomaba como principal sustento el sector inmobiliario, la economía española llegó a su punto más álgido. Al hacerlo, los trabajadores locales continuaron su tránsito a niveles más altos de la pirámide y el hueco laboral se hizo más evidente. Los que llegaban suplían, casi con urgencia, sectores como la construcción, la hostelería y las campañas agrícolas en los campos. Simultáneamente, otro grupo —conformado en su mayoría por mujeres— entró de lleno en el tejido social al ocuparse de labores como el servicio doméstico y el cuidado de niños y ancianos, sobre todo de estos últimos, que representaban un porcentaje significativo de la población autóctona y daban cuenta de las bajas tasas de natalidad de los españoles.

“En esos primeros años el inmigrante era visto como un motor económico y una fuente de desarrollo”

"En esos primeros años, por lo menos en lo económico, el inmigrante es visto como una fuente de desarrollo del país. Es la mano de obra que hace falta para sostener parte del sistema. La prueba es contundente: un 65% de ellos empezó a cotizar en la Seguridad Social, lo que sin duda trajo beneficios para la economía", afirma el portavoz de la Federacion Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE), Gilberto Torres.

Al mismo tiempo que se configuraba el denominado "boom migratorio", entraban a escena las primeras políticas de los gobiernos. España, por haber sido hasta 1990 un país de emigrantes —sobre todo hacia países de Latinomérica— más no de inmigrantes, las vías legales para la acogida e integración de los recién llegados pertenecían a un terreno casi inexplorado. La Ley de Extranjería vigente, aprobada en el año 2000, dejaba al descubierto grandes vacíos y se mostraba incapaz de organizar el flujo migratorio del momento. A finales de 2004, los extranjeros habían alcanzado la cifra récord de 3.034.326 (un 7,2% de la población total) y era claro que urgía una primera gran reforma en la materia. El recién elegido presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue el encargado de llevarla a cabo.

PAPELES EN MANO-. Se llamó Regularización y fue un proceso de tres meses del que se beneficiaron 691.241 extranjeros que, a inicios de 2005, integraban el denominado grupo de los "sin papeles". Para poder acceder a la tarjeta de residencia, los solicitantes debían aportar un contrato de trabajo en el que empleador y empleado se comprometían a mantener un vínculo laboral de por lo menos seis meses. Según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, más de la mitad de los expedientes provenían de ciudadanos de tres países: Marruecos, Ecuador y Rumania. Por comunidades autónomas, Madrid (171.321 tramitaciones), Catalunya (139.480) y Valencia (108.496) lideraron la expedición de los nuevos permisos de estancia, que debían renovarse anualmente.

La reagrupación familiar trajo a niños y jóvenes que conforman la segunda generación de inmigrantes

El Reglamento de 2004 fue el primero en su género que abordaba sustancialmente los deberes y derechos de los inmigrantes en el país.  De hecho, en él se basan muchos puntos contemplados en la actual legislación. Tanta ha sido su repercusión, que algunos analistas y expertos en el tema coinciden en verlo como el punto más importante de España en ese terreno, y que a la postre daría paso a nuevos logros. "Tras esto se dieron importantes reformas que garantizaron el derecho de asociación de los inmigrantes y, más tarde, la aprobación del Primer Plan Estratégico de Integración. Eso sin olvidar que la lucha contra el racismo y la xenofobia tuvo éxitos judiciales, y que se creó la primera Fiscalía contra Delitos de Odio y Discriminación. Recientemente, además, se dio la oportunidad del voto en las elecciones autonómicas a los ciudadanos de países con reciprocidad", apunta al respecto el director del Movimiento contra la Intolerancia (MCI), Esteban Ibarra.

El momento también resultó propicio para las reagrupaciones familiares. Superada una primera fase de adaptación y en medio de cierta estabilidad económica, los primeros en lanzarse a por el "sueño europeo" no tardaron en traer a los familiares. Hasta antes del advenimiento de las actuales restricciones, la tramitación de tarjetas bajo esta figura resgistró un aumento significativo en apenas tres años: de las 71.532 del año 2004, rápidamente se pasó a las 128.161en 2007. La sociedad española recibía nuevos integrantes, la mayoría de ellos niños y jóvenes pertenecientes a una segunda generación de inmigrantes, y que a su vez planteaban nuevos retos para las políticas de integración y educación. Al cierre de 2008, la cifra de extranjeros era de 5.220.600 (un 11,3% del total de la población).

CAMBIO DE CICLO-. Pero vino la crisis económica de 2008, y con ella su más inmediato efecto: el estancamiento del mercado laboral. Sin demasiadas perspectivas, un buen número de trabajadores autóctonos retornó a los sectores que antes había abandonado. Los extranjeros no comunitarios, cuya estancia estaba condicionada a la obtención de un puesto de trabajo, encabezaban la lista de los más perjudicados. Por primera vez en la década se empezó a hablar de irregularidad sobrevenida, es decir, personas que pasaban a engrosar la lista de los "sin papeles" al no poder certificar un vínculo laboral. Pese a que el Gobierno no tiene una cifra exacta, organizaciones sociales calculan que el número de afectados por este fenómeno asciende en la actualidad a 150.000.

“Ahora los extranjeros hacen una apuesta temporal, adquieren experiencia laboral, y luego se van”

La recesión vino acompañada de un endurecimiento de las leyes migratorias. Una reforma en 2009 anticipó lo que sería el actual Reglamento de Extranjería, que si bien ofrece ventajas para las víctimas de la violencia de género o los padres de hijos españoles, es menos benévolo en temas laborales. Como consecuencia de una tasa de paro que supera el 20% —de la cual 600.000 son inmigrantes—, la llegada de nuevos extranjeros al país está casi paralizada y ya se empieza a hablar de una nueva tendencia en la movilidad. “Se trata de personas que hacen una apuesta temporal, que tienen un proyecto de vida en el país de más o menos 10 años, durante los cuales adquieren experiencia laboral internacional, y luego se van. El modelo no es exclusivo de España, sino que está presente en toda Europa, y se centra en la movilidad internacional”, afirma al respecto la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón.

No obstante los retornos —que en el último año fueron casi 130.000—, las organizaciones sociales advierten que las políticas de integración deben continuar para garantizar los derechos de los 5.7 millones que aún residen en el país. Y han avisado del aumento de un clima adverso y nada tolerante en tiempos de crisis. Según cálculos del Movimiento contra la Intolerancia, existen en toda España unos 80 concejales, apoyados por más de 100.000 votantes, que emplean discursos claramentre racistas y xenófobos, sobre todo en Catalunya. “Se culpa a los inmigrantes de su propia situación, y a la vez se les usa para convertirlos en chivos expiatorios de problemas que tienen un origen macroeconómico. La percepción negativa está en alza. Ahora son rivales, y para ello, se emplean todos los tópicos posibles”, afirma el técnico del Equipo de Migración, Empleo y Comercio Justo de Cáritas, el abogado Sergio Barciela. A tal perspectiva se suma el reciente giro a la derecha que ha dado el país en las elecciones generales y los planes anunciados por el próximo Gobierno de limitar aún más figuras como el arraigo social y los permisos de trabajo. “Estamos preocupados por lo que pueda venir. No sabemos lo que nos espera”, concluyen desde FERINE.