Queríamos hacerles llegar el malestar que está generando entre diferentes profesionales la intervención de la Generalitat en torno a los beneficiarios de la Renta mínima de inserción del actual mes de agosto.
Como sabréis, de forma secreta se ha preparado una intervención repentina - que casi parece policial- y que supone que los beneficiarios de RMI no han cobrado por la vía normal (ingreso-transferencia) y se ensaya un procedimiento nuevo que supone recibir primero un correo certificado explicando los cambios, un segundo correo certificado para cobrar un cheque nominal que se ingresó con un periodo de tiempo concreto ... y como tercer punto, se citará la gente a una entrevista a lo largo de agosto en la OTG inspeccionando documentación diversa (pasaporte para los extranjeros, cuentas bancarias, etc). Si no se responde a los correos, se devuelven cartas, etc. abre la incertidumbre de la decisión que pueda tomar la Generalitat.
Por un lado, los / las usuarios / as, no han podido cobrar el día 1, como era de esperar, y sin previo aviso, se debe tener en cuenta que el margen de ahorro cuando un cobra la PIRMI es mínimo.
Por otra parte los / las profesionales de servicios sociales no han tenido acceso a esta información hasta tarde, y antes han empezado a llegar usuarios extrañados por no cobrar cuando es habitual.
Aparte del trato que recibe la ciudadanía con derecho a recibir la renta mínima, creo que el gobierno ha mostrado una falta absoluta de respeto al colectivo profesional, y hay signos evidentes de haber montado todo este operativo controlador para agosto, un mes donde muchos técnicos están de vacaciones y donde sólo hay servicios de guardia.
Asimismo, todos / as los / las ususarios / as se han dirigido a los Servicios Sociales para quejarse, y no lo han podido hacer en las oficinas de Bienestar y Familia de la Generalitat, ya que a lo largo de agosto están cerradas, es decir, los ayuntamientos han pasado a ser la onza fuente de información, y sólo en el momento que el gobierno se ha dignado informar a municipios de esta intervención sorpresiva y nada bienintencionada.
Hay que pensar que uno de los objetivos fundamentales de este montaje es poner en evidencia personas y familias beneficiarias y buscar motivos para cortar prestaciones dentro de la tónica de recortes general. También es plausible suponer que el colectivo inmigrado es uno de los objetivos de esta intervención, ya que una parte puede haber ido a su país (sobre todo aquellos que tienen el país más cercano, como marroquíes) a ver la familia, padres, abuelos, etc.
Una parte nada despreciable de beneficiarios tienen situaciones de gran precariedad y estabilidad como realquiler en pisos, estar empadronado en una dirección para recibir las cartas, edificios sin buzones en condiciones, puertas de escala cerradas, personas con problemas de salud (física o psíquica) que limitan su comprensión de trámites a realizar, transeúntes, personas ingresadas en comunidades terapéuticas, etc. situaciones que pueden generar que las cartas certificadas no lleguen a su destino, sea devuelto y se abran expedientes de sanción, y de extinción de dicha prestación, etc
Esta intervención está afectando a uno de los colectivos más sensibles y vulnerables: el colectivo de los / las beneficiarios / as de RMI (sean económicas o sociales), y toca de lleno a uno de los pilares de protección social más importantes alcanzados en los últimos años.
Junto con esta intervención se ha llegado a tener conocimiento de cambios en la normativa de los RMI que puede suponer un grave retroceso en la protección a los más desfavorecidos (posible supresión de las RMI económicas, estipulación de un período de 6 meses entre la finalización de interpretaciones de paro y derecho a recibir la renta mínima, exigencia de mayores años de empadronamiento en el país, etc)
Pensamos que los Colegios de Trabajo y Educación Social, así como el Síndic de Greuges y otras entidades de carácter social, deben mostrar con firmeza y de manera pública su oposición a intervenciones de este tipo y promover una respuesta unificada con otros agentes sociales en defensa-en estos caso-de la RMI, y el respeto al trabajo llevado a cabo por los profesionales, y el derecho de la ciudadanía a la concesión benéfica de una de las últimas coberturas sociales existentes.
Atentamente
Josep Vilarmau Villa
Colegiado 1976 Educadora Social y Antropóloga
Manresa (Barcelona)
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Gracias
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